Por mandato de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, el martes 17 de junio de 2003 quedó constituido el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) como órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El SAE se crea ante la necesidad de unificar en un solo organismo, al amparo de un ordenamiento jurídico único, además con reglas sencillas y claras, las actividades de enajenación, recuperación, administración, custodia y, en su caso, destrucción de los bienes en poder del Gobierno Federal, y su operación contribuirá a un manejo especializado, eficiente y transparente en beneficio de las finanzas públicas del país.

Promulgada por el Ejecutivo Federal el 19 de diciembre de 2002 mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (previamente aprobada por unanimidad en el Senado de la República y ratificada por la Cámara de Diputados) define la regulación de los procedimientos de enajenación de bienes que el SAE puede utilizar, como son: subasta, remate y adjudicación directa, conceptos que no se encontraban homologados en ningún ordenamiento legal.

El propio ordenamiento establece que al SAE se incorporan dependencias y funciones de la Administración Pública Federal que realizaban por separado actividades de monetización de activos, todo ello con el propósito de obtener especialización y ahorros en la gestión. 

Los organismos que conforman al SAE son: Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq) y Servicio de Administración de Bienes Asegurados (SERA), así como la Unidad de Desincorporación de la Subsecretaría de Egresos, y la Administración General de Destino de Bienes de Comercio Exterior del SAT, todas ellas dependientes de la SHCP.

En el primer semestre de operaciones del SAE se realizará un diagnóstico detallado de los activos que le serán transferidos como resultado de la incorporación de los citados organismos y unidades administrativas, para conocer la magnitud del portafolio inicial y fijar metas de operación para 2004 y años subsiguientes.